Título oficial del programa: El Esquema Nacional de Seguridad. Ley de la protección de las infraestructuras críticas
Marco normativo. El Esquema Nacional de Seguridad se regula mediante el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituyó al anterior RD 3/2010. Esta norma se dicta en desarrollo del artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de garantizar la seguridad de los sistemas de información en las Administraciones Públicas. El ENS no es una herramienta informática ni una certificación aislada, sino una política común de seguridad obligatoria para los sistemas incluidos en su ámbito.
Ámbito de aplicación. El ENS es de aplicación a todas las Administraciones Públicas españolas, incluyendo organismos como el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Su alcance abarca los sistemas de información que gestionan información y servicios electrónicos, independientemente de su titularidad o ubicación. La norma no se limita a proveedores externos, sino que se aplica en función de la prestación y relación contractual con el sector público.
Principios básicos. El ENS establece siete principios básicos que deben regir la seguridad de los sistemas de información: seguridad integral, gestión del riesgo, prevención, detección, respuesta y recuperación, existencia de líneas de defensa, reevaluación periódica y función diferenciada. Estos principios garantizan que la seguridad se aborde de manera proactiva, continua y adaptada a las necesidades de cada sistema.
Categorización de sistemas. Los sistemas de información se clasifican en tres categorías (BÁSICA, MEDIA y ALTA) en función del impacto que tendría una incidencia en las dimensiones de confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad. La categorización no depende de un único factor, como el tratamiento de datos de salud, sino de una valoración global realizada por los responsables designados en los artículos 40 y 41 del RD 311/2022.
Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se seleccionan en función de la categoría del sistema, el análisis de riesgos y la declaración de aplicabilidad establecida en el anexo II del real decreto. Estas medidas se estructuran en tres ámbitos: marco organizativo, marco operacional y medidas de protección. La implantación de estas medidas debe documentarse y evidenciarse para garantizar su cumplimiento.
Auditoría y conformidad. El ENS exige la realización de auditorías de seguridad para verificar el cumplimiento de los requisitos y medidas establecidas. Estas auditorías, reguladas en el anexo III, evalúan la adecuación de los sistemas a la categoría asignada y la eficacia de las medidas implementadas. La conformidad con el ENS es un requisito obligatorio para los sistemas de información del sector público.
Estructura del RD 311/2022. El real decreto se organiza en siete capítulos y cuatro anexos. Los capítulos abordan desde las disposiciones generales hasta el régimen sancionador, pasando por los principios básicos, los requisitos mínimos, la seguridad de los sistemas, la categorización y la conformidad. Los anexos detallan aspectos técnicos como las categorías de seguridad, las medidas de seguridad, la auditoría y un glosario de términos.
Aplicación en el SAS. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), como organismo público, está sujeto al ENS y debe aplicar sus requisitos en la gestión de sus sistemas de información. Esto incluye la categorización de los sistemas, la implementación de medidas de seguridad, la realización de auditorías y la garantía de conformidad con la normativa. La aplicación del ENS en el SAS asegura la protección de la información y la continuidad de los servicios electrónicos prestados.
Has leído la base del tema. En la demo puedes convertirlo en preguntas justificadas de Técnico/a Especialista en Informática y repasar tus fallos.
Probar demo gratis con preguntas de este temaNormativa reguladora. La Ley 8/2011, de 28 de abril, conocida como Ley PIC, es la norma que regula la protección de las infraestructuras críticas en España. Esta ley transpone la Directiva 2008/114/CE y establece los principios básicos para identificar, designar y proteger las infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía.
Definición de infraestructura crítica. Según el artículo 2 de la Ley 8/2011, se considera infraestructura crítica cualquier instalación, red, sistema o equipo físico o de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto grave en la seguridad, la salud o el bienestar económico de los ciudadanos. En el ámbito sanitario, esto incluye hospitales, centros de procesamiento de datos sanitarios y sistemas de información como Diraya o la plataforma de receta electrónica.
Sectores estratégicos. La ley identifica doce sectores estratégicos, entre los que se encuentra el sector Salud. Este sector abarca subsectores como hospitales y centros sanitarios, sistemas de información sanitaria, centros de producción y distribución de medicamentos, y laboratorios de salud pública. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestiona infraestructuras críticas como el Centro de Proceso de Datos del SAS o la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía.
Operadores críticos. El artículo 13 de la Ley 8/2011 define a los operadores críticos como aquellas entidades públicas o privadas responsables de la gestión de infraestructuras críticas. Estos operadores deben colaborar con las autoridades competentes para garantizar la protección de sus infraestructuras. En el ámbito sanitario, el SAS actúa como operador crítico al gestionar sistemas esenciales como el Sistema de Información de Laboratorios (SIL).
Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. El artículo 4 de la Ley 8/2011 establece la creación del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas (CNIE), donde se recogen las infraestructuras críticas identificadas en cada sector. Este catálogo es gestionado por el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), adscrito al Ministerio del Interior. La inclusión de una infraestructura en el catálogo implica la obligación de elaborar planes de protección específicos.
Planes de protección. Los operadores críticos deben elaborar planes de protección para cada infraestructura crítica, tal como establece el artículo 14 de la Ley 8/2011. Estos planes incluyen medidas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante posibles amenazas. En el SAS, estos planes se aplican a infraestructuras como los hospitales de referencia (ej.: Hospital Universitario Virgen del Rocío) o los sistemas de información sanitaria.
Colaboración público-privada. La ley promueve la colaboración entre las administraciones públicas y los operadores privados para garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas. En el ámbito sanitario, esto implica la coordinación entre el SAS, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y otros organismos como el Centro de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía. El Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, desarrolla aspectos técnicos de esta colaboración.
Aplicación en el SAS. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestiona infraestructuras críticas en el sector Salud, como los sistemas de información sanitaria y las redes de comunicaciones. La protección de estas infraestructuras es esencial para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios públicos en Andalucía. El SAS debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 8/2011, incluyendo la elaboración de planes de protección y la colaboración con el CNPIC.
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De opositor a opositor, Serafín.
