Tema 13. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación. Los interesados: concepto y capacidad de obrar. La obligación de resolver: el silencio administrativo. Términos y plazos. El acto administrativo: concepto y requisitos, motivación, eficacia, notificación y la publicación. Nulidad y anulabilidad de los actos.

1. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación

🎯 Idea clave

• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, constituye la norma básica que regula el procedimiento administrativo común y los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
• Su ámbito subjetivo se extiende a todo el sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el sector público institucional.
• El artículo 1 establece el ámbito objetivo, regulando la validez de los actos, el procedimiento común (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de potestad reglamentaria.
• Se diferencia de la Ley 40/2015, que regula el régimen jurídico interno del sector público, mientras que la Ley 39/2015 ordena las relaciones externas con la ciudadanía.
• Su entrada en vigor general tuvo lugar el 2 de octubre de 2016, sustentándose en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

📚 Desarrollo

Norma básica y entrada en vigor. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye el pilar fundamental de la normativa procesal administrativa vigente. Su texto consolidado permanece en vigor con las modificaciones posteriores publicadas en el Boletín Oficial del Estado, habiendo entrado en vigor de forma general el 2 de octubre de 2016.

Ámbito subjetivo de aplicación. La norma se proyecta sobre todo el sector público, alcanzando a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el sector público institucional. Esta extensión garantiza la aplicación homogénea del procedimiento administrativo en todo el Estado autonómico.

Ámbito objetivo regulado. El artículo 1 delimita el objeto de la ley en tres aspectos fundamentales: los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos; el procedimiento administrativo común, incluyendo expresamente el sancionador y el de responsabilidad patrimonial; y los principios que deben regir el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Diferenciación normativa. La Ley 39/2015 se complementa con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Mientras la primera regula las relaciones externas entre las Administraciones y la ciudadanía, la segunda se centra en la organización interna, el funcionamiento y las relaciones interadministrativas del sector público.

Fundamento constitucional. La competencia para dictar esta norma básica se asienta en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, explicando su vocación general y básica.

Aplicación práctica. Para la categoría de Auxiliar Administrativo, el conocimiento de esta normativa resulta esencial, ya que las tareas administrativas cotidianas se desarrollan dentro de procedimientos, trámites, registros y actuaciones documentales sujetas a este marco común.

🧩 Elementos esenciales

• Ley 39/2015: Norma básica que regula el procedimiento administrativo común y los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
• Entrada en vigor: 2 de octubre de 2016, con texto consolidado vigente.
• Sector público: Ámbito subjetivo que incluye Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional.
• Artículo 1: Establece el objeto regulado por la ley, configurando el ámbito objetivo.
• Validez y eficacia: Requisitos que deben cumplir los actos administrativos para ser jurídicamente correctos y desplegar efectos.
• Procedimiento común: Incluye el sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
• Potestad reglamentaria: Principios que deben respetarse en la producción normativa administrativa y la iniciativa legislativa.
• Ley 40/2015: Norma complementaria que regula el régimen jurídico del sector público, la organización y las relaciones interadministrativas.
• Base constitucional: Artículo 149.1.18 de la Constitución Española, competencia exclusiva del Estado sobre bases del régimen jurídico administrativo.
• Relación ad extra: La Ley 39/2015 se orienta específicamente a las relaciones entre Administraciones y ciudadanía.

🧠 Recuerda

• La Ley 39/2015 es la referencia general del procedimiento administrativo común.
• Se aplica a todas las Administraciones territoriales y al sector público institucional.
• El artículo 1 es clave para determinar qué regula la ley: actos, procedimientos y principios normativos.
• No toda entidad pública queda comprendida de igual manera; existen supuestos de aplicación condicionada o supletoria.
• Hay procedimientos especiales por razón de materia que desplazan parcialmente la ley común.
• El ámbito subjetivo de aplicación no debe confundirse con la regulación de los interesados ni con el resto de fases del procedimiento.
• La Ley 40/2015 complementa pero no sustituye a la Ley 39/2015; cada una tiene su ámbito específico.
• Para Auxiliar Administrativo, esta normativa es base necesaria para interpretar correctamente el resto del temario.

2. Los interesados: concepto y capacidad de obrar

🎯 Idea clave

• La capacidad de obrar es la aptitud jurídica general para realizar actos válidos en el procedimiento administrativo y constituye un presupuesto objetivo previo.
• La condición de interesado es la posición subjetiva que se acredita en un procedimiento concreto mediante una vinculación jurídica cualificada con su objeto.
• El artículo 3 de la Ley 39/2015 no crea una teoría autónoma de la capacidad, sino que remite en gran medida a las normas civiles para personas físicas y jurídicas.
• La norma amplía expresamente la capacidad administrativa a menores de edad para el ejercicio de ciertos derechos sin asistencia de representante legal.
• Cuando una ley lo declare expresamente, tienen capacidad de obrar los grupos de afectados, uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos.

📚 Desarrollo

Distinción conceptual fundamental. El Título I de la Ley 39/2015 establece en los artículos 3 a 12 el régimen de los interesados en el procedimiento administrativo. Antes de analizar cada figura, es imprescindible distinguir entre capacidad de obrar y condición de interesado, nociones que el opositor debe diferenciar con precisión desde el primer momento.

Capacidad de obrar. Esta noción responde a la pregunta sobre quién puede actuar ante la Administración. Constituye la aptitud jurídica general para realizar actos con plena validez en el procedimiento administrativo. Es un presupuesto previo de carácter objetivo, pues sin ella ninguna actuación del sujeto producirá efectos válidos ante los órganos administrativos.

Condición de interesado. Esta noción responde a quién tiene legitimación para intervenir en un procedimiento específico. No toda persona con capacidad de obrar es automáticamente interesada en cualquier expediente, pues es necesario acreditar una vinculación jurídica cualificada con el objeto del procedimiento. El artículo 4 define esta posición subjetiva.

Fundamento normativo. El artículo 3 de la Ley 39/2015 regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a efectos de la propia ley. La norma parte de una idea amplia y funcional, orientada a no excluir indebidamente del procedimiento administrativo a sujetos con intereses jurídicamente protegibles.

Remisión al derecho civil. La Ley 39/2015 no crea un concepto autónomo y completo de capacidad de obrar, sino que remite en gran medida al Derecho civil para personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Supuestos especiales. La norma amplía expresamente la capacidad administrativa a sujetos que presentan singularidades en el tráfico jurídico ordinario. Reconoce a ciertos menores un espacio propio de actuación administrativa sin necesidad de representación legal cuando el ordenamiento les permite actuar por sí mismos en la materia de que se trate.

🧩 Elementos esenciales

• Capacidad de obrar: Aptitud jurídica general para realizar actos válidos en el procedimiento administrativo, regulada en el artículo 3 de la LPAC.
• Carácter objetivo: Es un presupuesto previo que determina la validez de las actuaciones; sin ella, estas no producen efectos válidos.
• Condición de interesado: Posición subjetiva en un procedimiento concreto que requiere acreditar vinculación jurídica cualificada con su objeto, distinta de la capacidad general.
• Remisión civil: La LPAC remite a las normas civiles respecto a la capacidad de personas físicas y jurídicas, sin crear una teoría autónoma completa.
• Menores de edad: Tienen capacidad para ejercer y defender derechos cuya actuación esté permitida sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
• Excepción de incapacitación: Los menores incapacitados no tienen capacidad cuando la extensión de la incapacitación afecte a esos derechos o intereses específicos.
• Entidades sin personalidad jurídica: Grupos de afectados, uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley lo declare expresamente.
• Ámbito amplio: La norma persigue no excluir indebidamente del procedimiento a sujetos con intereses jurídicamente protegibles.

🧠 Recuerda

• La capacidad de obrar es presupuesto objetivo previo; la condición de interesado, posición subjetiva en procedimiento concreto.
• Artículo 3 LPAC para capacidad; artículo 4 LPAC para condición de interesado.
• No toda persona con capacidad es interesada en cualquier procedimiento.
• La LPAC remite al derecho civil la capacidad de personas físicas y jurídicas.
• Los menores pueden actuar solos en derechos permitidos expresamente sin representante.
• Los menores incapacitados pierden esa capacidad si la incapacitación afecta a esos derechos.
• Las entidades sin personalidad jurídica necesitan ley expresa que les otorgue capacidad.
• La capacidad administrativa es más amplia que la civil en ciertos supuestos especiales.

3. La obligación de resolver: el silencio administrativo

🎯 Idea clave

• La obligación de resolver y el silencio administrativo se regulan en los artículos 21 a 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
• El artículo 21 LPAC impone a la Administración el deber de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos.
• El incumplimiento del plazo máximo de resolución origina el silencio administrativo como mecanismo de protección del interesado.
• El silencio positivo o estimatorio opera como regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
• El silencio negativo o desestimatorio se aplica a los procedimientos iniciados de oficio y a los supuestos exceptuados expresamente de la regla general.
• La institución ha evolucionado históricamente desde un régimen predominantemente negativo hasta el actual silencio positivo consolidado por la LPAC de 2015.

📚 Desarrollo

Marco normativo. La obligación de resolver y el silencio administrativo se regulan en los artículos 21 a 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Esta regulación representa la consolidación de una evolución normativa iniciada con la Ley 30/1992 y modificada posteriormente por la Ley 25/2009.

Obligación de resolver. El artículo 21 LPAC impone a la Administración el deber de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas son directamente responsables del cumplimiento de esta obligación legal, pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria en caso de incumplimiento.

Plazos máximos de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar viene fijado por la norma reguladora específica del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses. Supletoriamente, cuando no exista previsión específica, el plazo será de tres meses. El cómputo del plazo se inicia desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio, o desde la entrada en el registro electrónico en los iniciados a solicitud del interesado.

Suspensión y ampliación. El artículo 22 LPAC establece causas de suspensión del plazo, como la solicitud de subsanación, la tramitación de informes preceptivos por un máximo de tres meses, la práctica de pruebas o la recusación. El artículo 23 permite la ampliación excepcional y motivada del plazo inicial, sin que pueda superar este, siendo su acuerdo irrecurrible.

Silencio positivo. Ante la falta de resolución expresa en el plazo máximo, opera el silencio administrativo. Con carácter general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es positivo o estimatorio, produciendo la estimación de la solicitud presentada conforme al artículo 24.1 LPAC.

Silencio negativo y excepciones. El silencio es negativo o desestimatorio en los procedimientos iniciados de oficio, conforme al artículo 25 LPAC, así como en los supuestos exceptuados expresamente del silencio positivo. Estas excepciones tasadas incluyen la petición de tutela de derechos fundamentales, el dominio público, el medio ambiente, la responsabilidad patrimonial, los procedimientos de impugnación y la revisión de oficio.

Efectos jurídicos. El silencio estimatorio constituye un acto administrativo que pone fin al procedimiento, siendo la resolución posterior únicamente confirmatoria. Por el contrario, el silencio desestimatorio no es propiamente un acto administrativo, sino únicamente un mecanismo que abre la vía recursiva para impugnar la inactividad de la Administración.

Certificación del silencio. La Administración debe expedir de oficio, en el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo máximo, el certificado de silencio administrativo. Este documento tiene plena validez probatoria respecto a la existencia del silencio y sus efectos, facilitando al interesado la acreditación de su situación jurídica.

🧩 Elementos esenciales

• Artículos 21 a 25 LPAC: Normativa que regula la obligación de resolver y el silencio administrativo.
• Plazo máximo general: No puede exceder de seis meses; supletoriamente son tres meses.
• Cómputo del plazo: En solicitudes, desde la entrada en el registro electrónico; en oficio, desde el acuerdo de iniciación.
• Suspensión del plazo: Artículo 22 LPAC contempla subsanación, informes preceptivos (máx. 3 meses), pruebas y recusación.
• Ampliación del plazo: Artículo 23 LPAC, excepcional, motivada, sin superar el plazo inicial e irrecurrible.
• Silencio positivo: Estimación de la solicitud en procedimientos iniciados a petición del interesado (regla general).
• Silencio negativo: Desestimación en procedimientos de oficio y en las excepciones legalmente previstas.
• Excepciones al silencio positivo: Petición de tutela (art. 29 CE), dominio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación y revisión de oficio.
• Efecto estimatorio: Acto administrativo finalizador del procedimiento; la resolución posterior solo puede ser confirmatoria.
• Efecto desestimatorio: Solo abre la vía recursiva; no constituye acto administrativo propiamente dicho.
• Certificado de silencio: Se expide de oficio en quince días desde el vencimiento del plazo; válido como prueba.
• Evolución histórica: De régimen negativo (Ley 30/1992) a positivo (Ley 4/1999 y LPAC 2015).

🧠 Recuerda

• El artículo 21 LPAC impone la obligación de resolver expresamente y notificar en todos los procedimientos.
• El plazo máximo de resolución nunca puede superar los seis meses.
• El silencio positivo es la regla general en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
• El silencio negativo opera en procedimientos de oficio y en las excepciones tasadas legalmente.
• El silencio estimatorio produce efectos de acto administrativo finalizador del procedimiento.
• El silencio desestimatorio únicamente habilita la vía recursiva sin ser acto administrativo.
• El certificado de silencio se expide de oficio en un plazo de quince días desde el vencimiento del plazo máximo.
• La Ley 4/1999 inició el cambio hacia el silencio positivo, consolidado por la LPAC de 2015.
• Las causas de suspensión del plazo están taxativamente enumeradas en el artículo 22 LPAC.
• La ampliación de plazo es excepcional, requiere motivación y nunca puede superar el plazo inicial.

4. Términos y plazos

🎯 Idea clave

• La Ley 39/2015 regula en los artículos 29 a 33 el régimen general de obligatoriedad, cómputo, ampliación y urgencia de los plazos administrativos.
• El plazo máximo para resolver es el fijado por la norma específica; si no existe, resulta supletorio el plazo de tres meses, sin que pueda superarse el tope general de seis meses en procedimientos ordinarios.
• El cómputo del plazo para resolver arranca desde la entrada en el registro electrónico (procedimientos a solicitud) o desde el acuerdo de iniciación (procedimientos de oficio).
• Los registros electrónicos operan con efectividad las 24 horas del año para el cómputo de plazos, incluso fuera de días y horas hábiles.
• El plazo máximo puede verse suspendido (artículo 22) o ampliado (artículo 23) antes de calcular el silencio administrativo.
• Las normas reguladoras de cada procedimiento establecen plazos específicos con preferencia sobre la LPAC, que solo se aplica de forma supletoria.

📚 Desarrollo

Normativa básica y estructura. La regulación de términos y plazos del procedimiento administrativo común se encuentra en los artículos 29 a 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estos preceptos deben leerse de forma sistemática y coordinada con el artículo 21 (obligación de resolver y plazo máximo), el artículo 22 (suspensión del plazo máximo), el artículo 23 (ampliación del plazo máximo) y los artículos 40 a 45 (notificación y publicación), pues el inicio y el fin de los plazos dependen frecuentemente de estas comunicaciones.

Obligatoriedad y límites temporales. El artículo 29 establece la obligatoriedad general de términos y plazos para todos los trámites y procedimientos. Cuando la norma reguladora específica no prevé un plazo determinado, resulta supletorio el plazo de tres meses. No obstante, existe un tope general ordinario de seis meses para la resolución y notificación, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan un plazo mayor.

Reglas de cómputo general. El artículo 30 regula el cómputo de plazos, estableciendo criterios para determinar cuándo se inicia el cómputo y cómo se calculan los días. El artículo 31 adapta estas reglas al funcionamiento de los registros electrónicos, considerando que estos operan con efectividad las 24 horas del año para el cómputo de plazos, incluso fuera de días y horas hábiles, lo que garantiza la continuidad de la tramitación administrativa.

Suspensión y ampliación del plazo máximo. Antes de calcular el silencio administrativo, debe verificarse si el plazo ha quedado suspendido conforme al artículo 22 o ampliado según el artículo 23. La suspensión interrumpe el transcurso del plazo máximo para resolver, mientras que la ampliación permite prorrogar el plazo máximo de resolución y notificación cuando concurran circunstancias justificadas, sin que ello suponga alterar la naturaleza del procedimiento.

Ampliación de plazos no vencidos y urgencia. El artículo 32 permite ampliar plazos que aún no han vencido en ciertos supuestos regulados, manteniendo la tramitación dentro de parámetros ordinarios. Por su parte, el artículo 33 autoriza la tramitación de urgencia cuando razones de interés público lo aconsejen, lo que implica la aplicación de reglas especiales que aceleran los trámites sin perjuicio de las garantías esenciales del interesado.

Actuación electrónica y desarrollo normativo. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, desarrollando aspectos del cómputo temporal en entornos digitales. Este desarrollo resulta decisivo para determinar la fecha y hora oficial de las sedes electrónicas, la comparecencia electrónica y las notificaciones digitales, elementos que inciden directamente en el inicio y finalización de los plazos administrativos.

🧩 Elementos esenciales

• Artículo 29 LPAC: establece la obligatoriedad general de términos y plazos en todos los procedimientos administrativos.
• Plazo supletorio: tres meses cuando la norma específica no fije plazo determinado.
• Tope máximo ordinario: seis meses como límite general para resolver y notificar, salvo ley o Derecho de la UE que dispongan otro mayor.
• Artículo 30 LPAC: regula el cómputo de plazos y las reglas generales para su iniciación y medición temporal.
• Artículo 31 LPAC: adapta el cómputo de plazos al funcionamiento de los registros electrónicos, que operan las 24 horas del año.
• Artículo 22 LPAC: permite la suspensión del plazo máximo para resolver, interrumpiendo su transcurso.
• Artículo 23 LPAC: posibilita la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación por circunstancias justificadas.
• Artículo 32 LPAC: contempla la ampliación de plazos no vencidos en supuestos específicos.
• Artículo 33 LPAC: autoriza la tramitación de urgencia por razones de interés público.
• Real Decreto 203/2021: desarrolla el cómputo temporal en la actuación administrativa electrónica, regulando sedes, registros y notificaciones digitales.
• Normas específicas: prevalecen sobre la LPAC en materia de plazos; la LPAC solo se aplica de forma supletoria cuando aquellas no regulan algún aspecto.

🧠 Recuerda

• La LPAC es norma básica y supletoria en materia de plazos.
• Plazo supletorio: 3 meses; tope ordinario: 6 meses.
• El cómputo arranca desde la entrada en registro (a solicitud) o acuerdo de iniciación (de oficio).
• Los registros electrónicos operan 24 horas para el cómputo de plazos.
• Verifica siempre si el plazo quedó suspendido o ampliado antes de aplicar el silencio administrativo.
• La tramitación de urgencia acelita los trámites por interés público.
• El RD 203/2021 completa el marco en aspectos digitales del cómputo temporal.

5. El acto administrativo: concepto y requisitos, motivación, eficacia, notificación y la publicación

🎯 Idea clave

• El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo de una Administración Pública, dictada en ejercicio de potestad administrativa y destinada a producir efectos jurídicos concretos sobre destinatarios determinados o determinables.
• Su régimen jurídico se configura en los artículos 34 a 46 de la Ley 39/2015, debiendo distinguirse de los reglamentos y de las actuaciones materiales.
• Requiere competencia del órgano, ajuste al procedimiento, forma escrita generalmente electrónica y contenido lícito y determinado.
• La motivación es obligatoria en los supuestos del artículo 35, incluyendo actos limitativos de derechos, de gravamen y resoluciones en procedimientos selectivos.
• Los actos son ejecutivos, se presumen válidos y producen efectos desde su dictado, salvo demora por notificación, publicación o aprobación superior.

📚 Desarrollo

Concepto y delimitación. El acto administrativo constituye la manifestación jurídica de una Administración Pública emitida en ejercicio de potestad administrativa. Se define como la declaración unilateral de voluntad, conocimiento, deseo o juicio que produce efectos jurídicos individuales y concretos frente a destinatarios determinados o determinables. No debe confundirse con los reglamentos, que son normas de carácter general y abstracto, ni con las actuaciones materiales o físicas como obras o prestación de servicios, que carecen de naturaleza jurídica voluntaria.

Requisitos formales y sustanciales. La validez del acto exige que sea dictado por órgano competente, ajustado al procedimiento legal establecido y dotado de contenido lícito y determinado. Como regla general, debe adoptar forma escrita a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Estos extremos resultan esenciales para garantizar la seguridad jurídica y el control de la potestad administrativa.

Motivación obligatoria. El artículo 35 establece la obligación de motivar los actos que limiten derechos, los de gravamen, las denegaciones de solicitudes y las resoluciones en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. La motivación debe expresar los hechos relevantes y los fundamentos de derecho, aunque sea sucintamente, permitiendo así el control de la discrecionalidad administrativa.

Eficacia y presunción de validez. Los actos administrativos son ejecutivos y se presumen válidos. Su eficacia se produce generalmente desde el momento de su dictado, aunque puede quedar supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior cuando así lo establezca la ley. Esta eficacia determina el inicio de los plazos para impugnarlos y su capacidad de crear derechos y obligaciones.

Régimen de notificación. Debe practicarse en el plazo de diez días desde la fecha en que el acto fue dictado, conteniendo el texto íntegro del mismo, la indicación de si es definitivo en vía administrativa y los recursos procedentes. La notificación se realiza preferentemente por vía electrónica, entendiéndose practicada cuando el interesado accede a su contenido. Si transcurridos diez días naturales no se accede, entendiéndose rechazada cuando era obligatoria o elegida.

Publicación sustitutiva. La publicación sustituye a la notificación en los casos legalmente previstos, especialmente cuando los destinatarios son indeterminados, resulta imposible la notificación personal, o cuando la norma del procedimiento o el interés público lo exijan. Resulta particularmente relevante en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva cuando así lo prevé la convocatoria o la ley.

🧩 Elementos esenciales

• Declaración unilateral: Expresión de voluntad, juicio, conocimiento o deseo de la Administración que no requiere contraprestación para producir efectos.
• Destinatarios: Pueden ser personas determinadas o determinables, nunca indeterminados en su totalidad, lo que distingue al acto del reglamento.
• Competencia: Requisito esencial que exige la titularidad de la función por el órgano que dicta el acto conforme al ordenamiento jurídico.
• Forma escrita: Regla general de producción del acto, priorizándose los medios electrónicos salvo naturaleza incompatible.
• Motivación específica: Obligatoria en actos limitativos, de gravamen, denegaciones y resoluciones selectivas, exigiendo hechos y fundamentos jurídicos.
• Eficacia diferida: Posibilidad de que la producción de efectos quede supeditada a notificación, publicación o aprobación superior según prevea la ley.
• Plazo notificatorio: Diez días desde el dictado para comunicar el acto al interesado con su texto íntegro y vía de recurso.
• Notificación electrónica: Entendida practicada por el acceso; si no se accede en diez días naturales se entiende rechazada en los casos de obligatoriedad o elección.
• Sustitución por publicación: Mecanismo aplicable ante imposibilidad de notificación personal, destinatarios indeterminados o previsión legal expresa.
• Contenido de la notificación: Texto íntegro del acto, indicación sobre la definitividad en vía administrativa y recursos disponibles.

🧠 Recuerda

• El acto administrativo produce efectos jurídicos concretos, no abstractos como los reglamentos.
• Las actuaciones materiales de la Administración no constituyen actos administrativos.
• La competencia, el procedimiento y el contenido lícito son requisitos indispensables de validez.
• La motivación es obligatoria en los supuestos tasados del artículo 35 LPAC.
• Los actos son ejecutivos y se presumen válidos desde su dictado.
• La eficacia puede diferirse hasta la notificación o publicación según la ley.
• El plazo para notificar es de diez días desde la firma del acto.
• La notificación electrónica se entiende rechazada si no se accede en diez días naturales cuando es obligatoria.
• La publicación sustituye a la notificación en casos de destinatarios indeterminados o imposibilidad de notificar.
• El aviso por correo o SMS no constituye notificación en sí misma.

6. Nulidad y anulabilidad de los actos

🎯 Idea clave

• La nulidad y la anulabilidad constituyen las dos únicas categorías de invalidez de los actos administrativos reconocidas por el ordenamiento jurídico español.
• La nulidad de pleno derecho es absoluta, radical e insanable, por lo que el acto no produce efectos jurídicos válidos desde su origen y puede declararse sin límite temporal.
• La anulabilidad es relativa, produce efectos hasta su anulación formal y únicamente puede impugnarse dentro de los plazos legales establecidos.
• El Servicio Andaluz de Salud se somete al régimen general de la Ley 39/2015, al actuar como agencia administrativa adscrita a la Junta de Andalucía.
• La Dirección Gerencia del SAS ostenta la competencia específica para resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos y para declarar la lesividad de los actos dictados por el propio organismo.
• La distinción entre ambas categorías responde a la necesidad de equilibrar la garantía de la legalidad administrativa con la preservación de la seguridad jurídica.

📚 Desarrollo

Marco normativo. La regulación de la nulidad y anulabilidad se concentra en los artículos 47 a 52 del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La revisión de oficio de estos actos se desarrolla en los artículos 106 a 110 del mismo texto legal, que constituye la referencia básica vigente para todo el sector público institucional.

Concepto de invalidez. La invalidez de un acto administrativo implica que dicho acto no responde a los requisitos de legalidad exigidos por el ordenamiento, siendo susceptible de ser expulsado del mundo jurídico. Sin embargo, no toda ilegalidad produce los mismos efectos ni merece idéntico tratamiento, lo que justifica la existencia de dos categorías diferenciadas según la gravedad del vicio cometido.

Nulidad de pleno derecho. El artículo 47 regula esta modalidad, también denominada nulidad absoluta, radical o insanable. El acto afectado no produce efectos jurídicos válidos desde su origen y puede ser declarado nulo en cualquier momento, sin que exista límite temporal para su impugnación. Esta categoría se reserva para las hipótesis más graves de ilegalidad y no admite técnicas de subsanación ni convalidación.

Anulabilidad. Regulada en el artículo 48, consiste en la nulidad relativa mediante la cual el acto produce efectos jurídicos hasta que es anulado formalmente. Únicamente puede impugnarse dentro de los plazos legales previstos, transcurridos los cuales el acto se convierte en firme e inatacable por la vía ordinaria. A diferencia de la nulidad absoluta, esta categoría sí admite técnicas de conservación y convalidación.

Técnicas de conservación. El artículo 50 regula la conversión de actos viciados, el 51 establece la conservación de actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, y el 52 desarrolla la convalidación de los actos anulables. Estas figuras permiten preservar o reconstruir la validez administrativa cuando los vicios no resultan absolutamente radicalmente invalidantes.

Aplicación institucional. El Servicio Andaluz de Salud actúa como organismo del sector público institucional de la Junta de Andalucía, dictando actos administrativos en materia de personal, organización, contratación y gestión económica sometidos al Derecho Administrativo. Sus actos se rigen por la Ley 39/2015 sin sistema especial propio de invalidez, siendo la Dirección Gerencia la competente para resolver la revisión de oficio de actos nulos y declarar su lesividad.

🧩 Elementos esenciales

• Ley 39/2015: Norma que regula la nulidad y anulabilidad en los artículos 47 a 52 y la revisión de oficio en los artículos 106 a 110.
• Nulidad de pleno derecho: Categoría absoluta, radical e insanable que invalida el acto desde su origen sin posibilidad de convalidación ni prescripción.
• Anulabilidad: Categoría relativa donde el acto produce efectos hasta su anulación formal y está sujeta a plazos de impugnación que garantizan la seguridad jurídica.
• Revisión de oficio: Mecanismo de depuración de actos inválidos que permite a la Administración declarar la nulidad o lesividad de sus propios actos.
• Convalidación: Técnica regulada en el artículo 52 aplicable exclusivamente a actos anulables, permitiendo subsanar determinados vicios.
• Conservación de actos: Figura del artículo 51 que mantiene la eficacia de trámites cuyo contenido no se habría modificado sin la infracción cometida.
• Dirección Gerencia del SAS: Órgano competente para resolver procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos y para declarar su lesividad.
• Incompetencia manifiesta: Causa de nulidad radical cuando afecta a materia o territorio, y de anulabilidad convalidable cuando es meramente jerárquica.
• Seguridad jurídica: Principio que justifica la distinción entre categorías, evitando que toda ilegalidad produzca invalidez absoluta e ilimitada en el tiempo.

🧠 Recuerda

• La nulidad es absoluta e imprescriptible; la anulabilidad es relativa y sujeta a plazos.
• El artículo 47 regula la nulidad de pleno derecho y el 48 la anulabilidad.
• Los actos anulables pueden convalidarse según el artículo 52; los nulos no admiten convalidación alguna.
• El SAS se rige por la LPAC sin régimen especial de invalidez propio.
• La Dirección Gerencia del SAS es el órgano competente para la revisión de oficio de actos nulos.
• La incompetencia por materia o territorio genera nulidad radical; la jerárquica genera anulabilidad.
• La revisión de oficio se regula en los artículos 106 a 110 de la Ley 39/2015.
• El artículo 50 permite la conversión de actos viciados y el 51 la conservación de trámites válidos.