Tema 36. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario

1. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases

🎯 Idea clave

• Los ingresos públicos son cantidades dinerarias que perciben las Administraciones Públicas para financiar los gastos públicos.
• Su naturaleza jurídica puede ser de Derecho público o Derecho privado, determinando el régimen aplicable.
• Se clasifican según su régimen jurídico, fuente de origen, periodicidad y tratamiento presupuestario.
• Los ingresos de Derecho público incluyen tributos, multas y deuda pública, caracterizados por su coercitividad.
• Los ingresos de Derecho privado abarcan rentas patrimoniales y enajenaciones, regidos por normas civiles.
• La Ley General Presupuestaria establece las categorías fundamentales de ingresos públicos.

📚 Desarrollo

Concepto legal. Los ingresos públicos se definen como las cantidades dinerarias que las Administraciones Públicas obtienen para financiar los gastos públicos, según el artículo 5 de la Ley General Presupuestaria. Esta definición excluye operaciones de tesorería y devoluciones de gastos indebidos, centrando su alcance en recursos destinados a cubrir necesidades colectivas.

Naturaleza jurídica. La naturaleza de los ingresos públicos determina el marco legal aplicable. Los ingresos de Derecho público —como tributos, multas o deuda pública— se rigen por normas administrativas y se caracterizan por prerrogativas de autotutela y prelación. En cambio, los ingresos de Derecho privado —como alquileres, ventas de bienes o dividendos— se regulan por el Código Civil y carecen de coercitividad.

Clasificación por régimen jurídico. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes categorías. Los ingresos de Derecho público incluyen impuestos, tasas, contribuciones especiales, multas y precios públicos, todos ellos vinculados a la potestad administrativa. Los ingresos de Derecho privado comprenden rentas patrimoniales, enajenación de bienes y frutos civiles, sujetos a normas civiles y mercantiles.

Clasificación por fuente. El artículo 5.2 de la Ley General Presupuestaria distingue cuatro fuentes principales. Los ingresos tributarios —impuestos, tasas y contribuciones especiales— son los más relevantes. Los ingresos patrimoniales provienen de alquileres, ventas o dividendos. Los ingresos crediticios incluyen deuda pública y préstamos. Finalmente, los ingresos monopolísticos, como loterías, son residuales en la actualidad.

Clasificación por periodicidad. Los ingresos públicos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios —como impuestos, tasas o alquileres— financian gastos corrientes y se perciben de forma regular. Los extraordinarios —como deuda pública o ventas de bienes— se destinan a inversiones o déficits y no tienen carácter recurrente.

Tratamiento presupuestario. Los ingresos públicos se integran en el presupuesto según su naturaleza. Los ingresos presupuestarios —como impuestos o tasas— se incluyen en los estados de ingresos, mientras que otros recursos, como operaciones de tesorería, quedan fuera del presupuesto. Esta distinción es clave para la planificación y control financiero.

Diversidad de títulos jurídicos. Aunque los tributos son la principal fuente de ingresos públicos, existen otros recursos con fundamentos distintos. Las sanciones, transferencias o precios públicos responden a títulos jurídicos específicos, lo que exige analizar cada caso para determinar su régimen aplicable.

🧩 Elementos esenciales

• Ingresos públicos: Cantidades dinerarias percibidas por las Administraciones Públicas para financiar gastos públicos, excluyendo operaciones de tesorería.
• Derecho público: Régimen aplicable a tributos, multas y deuda pública, caracterizado por coercitividad y prerrogativas administrativas.
• Derecho privado: Régimen aplicable a rentas patrimoniales, ventas o dividendos, regidos por el Código Civil.
• Ingresos tributarios: Impuestos, tasas y contribuciones especiales, fundamentados en la capacidad económica y la prestación de servicios públicos.
• Ingresos patrimoniales: Rentas derivadas de alquileres, ventas de bienes o dividendos, sin carácter coactivo.
• Ingresos crediticios: Deuda pública y préstamos, destinados a financiar déficits o inversiones.
• Ingresos ordinarios: Recursos recurrentes como impuestos o tasas, que financian gastos corrientes.
• Ingresos extraordinarios: Recursos no recurrentes como deuda pública o ventas de bienes, para inversiones o emergencias.
• Presupuestarios: Ingresos integrados en el presupuesto, como impuestos o tasas, sujetos a control financiero.
• No presupuestarios: Operaciones de tesorería o devoluciones, excluidas del presupuesto.
• Títulos jurídicos diversos: Fundamentos legales distintos para cada tipo de ingreso (tributos, sanciones, precios públicos, etc.).
• Ley General Presupuestaria: Norma que establece las categorías y definiciones básicas de los ingresos públicos.

🧠 Recuerda

• Los ingresos públicos financian gastos públicos, pero no incluyen operaciones de tesorería.
• La naturaleza jurídica determina el régimen aplicable: Derecho público o Derecho privado.
• Los ingresos de Derecho público son coactivos y se rigen por normas administrativas.
• Los ingresos de Derecho privado se regulan por el Código Civil y carecen de coercitividad.
• La clasificación por fuente incluye tributarios, patrimoniales, crediticios y monopolísticos.
• Los ingresos ordinarios son recurrentes y financian gastos corrientes.
• Los ingresos extraordinarios son esporádicos y se destinan a inversiones o déficits.
• Solo los ingresos presupuestarios se integran en el presupuesto anual.
• La Ley General Presupuestaria es la norma clave para definir y clasificar los ingresos públicos.
• Cada tipo de ingreso responde a un título jurídico específico.

2. El sistema tributario español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente

🎯 Idea clave

• El sistema tributario español es un conjunto ordenado de tributos, principios e instituciones que garantiza el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
• No se limita a una mera suma de impuestos, sino que integra figuras tributarias interrelacionadas y sometidas a principios constitucionales comunes.
• La Constitución Española establece los principios materiales y formales que rigen el sistema tributario en sus artículos 31 y 133.
• La Ley 58/2003, General Tributaria, desarrolla estos principios y regula los aspectos comunes a todos los tributos.
• El sistema tributario se estructura en distintos niveles territoriales, con competencias distribuidas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
• Su diseño busca equilibrar la suficiencia financiera con el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes.

📚 Desarrollo

Concepto de sistema tributario. El sistema tributario español se define como el conjunto ordenado de tributos, principios, instituciones y reglas que hacen efectivo el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. No se trata de una mera acumulación de impuestos, sino de un entramado coherente donde las figuras tributarias se relacionan entre sí, se distribuyen territorialmente y se someten a principios comunes como la legalidad, la capacidad económica y la igualdad.

Base constitucional. La Constitución Española de 1978 sienta las bases del sistema tributario en su artículo 31, que establece los principios materiales de justicia tributaria, y en el artículo 133, que consagra la reserva de ley en materia tributaria. Estos preceptos garantizan que la imposición se ajuste a criterios de equidad, generalidad y progresividad, evitando arbitrariedades y asegurando la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Principios rectores. El sistema tributario se rige por principios fundamentales como la capacidad económica, que exige que cada contribuyente aporte en función de su riqueza; la igualdad, que prohíbe discriminaciones injustificadas; la generalidad, que impide exenciones arbitrarias; y la no confiscatoriedad, que veda que la tributación alcance niveles que priven al contribuyente de su patrimonio. Estos principios se desarrollan en la Ley General Tributaria y se aplican a todas las Administraciones tributarias.

Estructura normativa. El sistema tributario se articula en una jerarquía normativa clara. En primer lugar, la Constitución establece los principios básicos. A continuación, la Ley 58/2003, General Tributaria, regula los aspectos comunes a todos los tributos. Le siguen las leyes específicas de cada figura tributaria, como la Ley del IRPF o la Ley del IVA, y los reglamentos que desarrollan aspectos técnicos o procedimentales. Finalmente, las normas autonómicas y locales regulan los tributos propios y cedidos dentro del marco estatal.

Distribución competencial. El sistema tributario español se organiza en distintos niveles territoriales. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la Hacienda general y la Deuda del Estado, según el artículo 149.1.14ª CE. Las Comunidades Autónomas pueden establecer y gestionar tributos propios, así como participar en los tributos cedidos por el Estado. Las entidades locales, por su parte, tienen capacidad para regular tasas y contribuciones especiales, siempre dentro del marco establecido por la legislación estatal.

Finalidad del sistema. Más allá de la recaudación de ingresos, el sistema tributario cumple una función redistributiva y de política económica. Su diseño busca garantizar la equidad social, corregir desigualdades y orientar el comportamiento de los agentes económicos hacia objetivos de interés general. Esta dimensión social se refleja en la progresividad de los impuestos y en la asignación de recursos a servicios públicos esenciales.

Marco legal aplicable. La Ley 58/2003, General Tributaria, es la norma clave que desarrolla los principios constitucionales y regula los aspectos comunes a todos los tributos. Esta ley se complementa con otras normas como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Tasas y Precios Públicos, que delimitan las competencias de cada nivel territorial y las figuras tributarias aplicables.

🧩 Elementos esenciales

• Sistema tributario: Conjunto ordenado de tributos, principios e instituciones que garantiza el deber de contribuir al gasto público.
• Principios constitucionales: Legalidad, capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscatoriedad, establecidos en el artículo 31 CE.
• Reserva de ley: El artículo 133 CE exige que los tributos se establezcan mediante ley, garantizando la seguridad jurídica.
• Ley General Tributaria (LGT): Norma que desarrolla los principios constitucionales y regula los aspectos comunes a todos los tributos.
• Jerarquía normativa: Constitución, LGT, leyes específicas de cada tributo, reglamentos y normas autonómicas y locales.
• Competencias estatales: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la Hacienda general y la Deuda del Estado (artículo 149.1.14ª CE).
• Competencias autonómicas: Las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos propios y gestionar tributos cedidos.
• Competencias locales: Las entidades locales regulan tasas y contribuciones especiales dentro del marco estatal.
• Finalidad redistributiva: El sistema tributario busca corregir desigualdades y garantizar la equidad social.
• Progresividad: Los impuestos se diseñan para que los contribuyentes con mayor capacidad económica aporten en mayor medida.
• No confiscatoriedad: La tributación no puede alcanzar niveles que priven al contribuyente de su patrimonio.
• Marco legal: La LGT, la LOFCA y la Ley de Tasas y Precios Públicos son normas clave del sistema.

🧠 Recuerda

• El sistema tributario español no es una mera suma de impuestos, sino un conjunto ordenado y coherente.
• La Constitución Española establece los principios básicos del sistema en sus artículos 31 y 133.
• La Ley 58/2003, General Tributaria, desarrolla estos principios y regula los aspectos comunes a todos los tributos.
• El sistema se estructura en una jerarquía normativa que va desde la Constitución hasta las normas autonómicas y locales.
• Los principios de capacidad económica, igualdad, generalidad y no confiscatoriedad son fundamentales.
• El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen competencias tributarias diferenciadas.
• La finalidad del sistema tributario incluye tanto la recaudación como la redistribución de la renta.
• La progresividad y la equidad son objetivos clave del sistema.
• La reserva de ley garantiza que los tributos se establezcan mediante normas con rango de ley.
• El sistema tributario cumple una función social y económica más allá de la mera recaudación.

3. La financiación de las Comunidades Autónomas

🎯 Idea clave

• La financiación de las Comunidades Autónomas se fundamenta en la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA).
• La autonomía financiera autonómica es instrumental para el ejercicio de sus competencias, no una independencia absoluta respecto del Estado.
• El sistema de financiación autonómica se rige por principios como coordinación con la Hacienda estatal, solidaridad interterritorial y suficiencia financiera.
• Las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos propios, gestionar tributos cedidos y administrar su presupuesto dentro de los límites legales.
• La financiación autonómica incluye mecanismos de compensación interterritorial para corregir desequilibrios económicos.
• La lealtad institucional y la transparencia son principios rectores del sistema de financiación.

📚 Desarrollo

Base constitucional. La financiación de las Comunidades Autónomas se sustenta en el artículo 156.1 de la Constitución Española, que reconoce su autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Esta autonomía no implica independencia económica, sino una garantía para ejercer sus funciones dentro del marco de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre territorios.

Normativa reguladora. La Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla los principios constitucionales y establece el marco jurídico para la financiación autonómica. Esta norma, junto con reformas posteriores como la Ley Orgánica 3/2009, define los recursos disponibles, los mecanismos de coordinación y los instrumentos de compensación interterritorial.

Principio de coordinación. La autonomía financiera autonómica se ejerce en coordinación con la Hacienda estatal, tal como establece el artículo 156.2 de la Constitución. Este principio garantiza que la gestión de los recursos autonómicos se integre en el sistema financiero público general, asegurando la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal. La coordinación se articula a través de órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Solidaridad interterritorial. El artículo 138.1 de la Constitución y el artículo 2 de la LOFCA recogen el principio de solidaridad, que busca corregir desequilibrios económicos entre territorios. Este principio se materializa mediante instrumentos como el Fondo de Compensación Interterritorial y los Fondos de Convergencia Autonómica, que redistribuyen recursos para garantizar un nivel mínimo de servicios públicos en todo el Estado.

Suficiencia financiera. Las Comunidades Autónomas deben disponer de recursos suficientes para ejercer sus competencias, sin perjuicio de la corresponsabilidad fiscal. Este principio, recogido en el artículo 2 de la LOFCA, asegura que las autonomías puedan cumplir con sus obligaciones sin depender exclusivamente de transferencias estatales, promoviendo la autonomía real en la gestión de sus finanzas.

Recursos autonómicos. Las Comunidades Autónomas cuentan con diversos recursos financieros, como tributos propios, tributos cedidos por el Estado, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y participaciones en ingresos estatales. La gestión de estos recursos debe ajustarse a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, evitando duplicidades o conflictos competenciales.

Lealtad institucional. El artículo 3 de la LOFCA establece el principio de lealtad institucional, que obliga al Estado y a las Comunidades Autónomas a colaborar en la gestión de los recursos. Este principio evita conflictos competenciales y promueve la cooperación en áreas como la recaudación tributaria, la gestión de fondos europeos o la planificación presupuestaria.

Transparencia y estabilidad. La transparencia en la gestión financiera y la estabilidad presupuestaria son pilares del sistema de financiación autonómica. Estos principios, recogidos en el artículo 4 de la LOFCA, garantizan que las decisiones financieras se adopten con claridad y previsibilidad, facilitando la rendición de cuentas y la sostenibilidad a largo plazo.

🧩 Elementos esenciales

• Autonomía financiera: Reconocida en el artículo 156.1 de la Constitución, permite a las Comunidades Autónomas gestionar sus recursos para ejercer sus competencias, dentro de los límites de coordinación y solidaridad.
• LOFCA: Ley Orgánica 8/1980, que regula la financiación autonómica, estableciendo los principios, recursos y mecanismos de coordinación aplicables.
• Coordinación con la Hacienda estatal: Principio constitucional que integra la financiación autonómica en el sistema financiero público general, garantizando estabilidad y sostenibilidad.
• Solidaridad interterritorial: Principio que corrige desequilibrios económicos entre territorios mediante fondos como el Fondo de Compensación Interterritorial.
• Suficiencia financiera: Garantía de que las Comunidades Autónomas dispongan de recursos adecuados para cumplir sus competencias sin depender exclusivamente de transferencias estatales.
• Tributos propios: Recursos fiscales que las Comunidades Autónomas pueden establecer dentro de su ámbito competencial, sujetos a los límites constitucionales y legales.
• Tributos cedidos: Impuestos estatales cuya gestión o recaudación se transfiere total o parcialmente a las Comunidades Autónomas, como el IRPF o el IVA.
• Fondo de Compensación Interterritorial: Instrumento de redistribución de recursos para garantizar servicios públicos básicos en todas las regiones.
• Lealtad institucional: Principio que obliga a la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la gestión financiera, evitando conflictos competenciales.
• Transparencia: Requisito esencial para la gestión financiera autonómica, que facilita la rendición de cuentas y la confianza en el sistema.
• Estabilidad presupuestaria: Objetivo que asegura la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas, evitando déficits insostenibles.
• Participación en ingresos estatales: Mecanismo por el cual las Comunidades Autónomas reciben una parte de los ingresos tributarios del Estado, según lo establecido en la LOFCA y las leyes de financiación.

🧠 Recuerda

• La autonomía financiera autonómica no es absoluta, sino que se ejerce dentro del marco de coordinación con la Hacienda estatal.
• La LOFCA es la norma clave que regula la financiación de las Comunidades Autónomas, junto con reformas posteriores.
• La solidaridad interterritorial busca corregir desequilibrios económicos entre regiones mediante fondos de compensación.
• Las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos propios y gestionar tributos cedidos por el Estado.
• La suficiencia financiera garantiza que las autonomías dispongan de recursos para ejercer sus competencias.
• La lealtad institucional y la transparencia son principios rectores del sistema de financiación autonómica.
• El Fondo de Compensación Interterritorial es un instrumento clave para la redistribución de recursos.
• La estabilidad presupuestaria es esencial para la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas.
• La coordinación con la Hacienda estatal se articula a través de órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
• La gestión de los recursos autonómicos debe ajustarse a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

4. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas

🎯 Idea clave

• La coordinación de la actividad financiera permite compatibilizar la autonomía financiera autonómica con la unidad de la Hacienda pública y la estabilidad presupuestaria.
• El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano multilateral de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia financiera.
• Su creación se fundamenta en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
• El Consejo no sustituye las competencias legislativas ni ejecutivas del Estado o las Comunidades Autónomas, sino que facilita la deliberación y adopción de acuerdos.
• Sus funciones incluyen la coordinación presupuestaria, el endeudamiento autonómico y la aplicación de la normativa de estabilidad financiera.
• La coordinación no implica subordinación jerárquica, sino un marco de lealtad institucional y solidaridad territorial.

📚 Desarrollo

Fundamento constitucional. La coordinación de la actividad financiera se sustenta en los artículos 156 a 158 de la Constitución Española, que reconocen la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas pero exigen su ejercicio en coordinación con la Hacienda estatal y bajo los principios de solidaridad y lealtad institucional. Estos preceptos establecen un equilibrio entre la capacidad de autogobierno financiero y la necesidad de mantener la cohesión del sistema fiscal y presupuestario del Estado.

Creación y naturaleza del Consejo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas se crea mediante el artículo 3 de la LOFCA como órgano de cooperación multilateral. Su denominación completa refleja su carácter específico: no es un órgano asesor genérico, sino una instancia donde convergen la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para tratar materias financieras de interés común. Su naturaleza es cooperativa, no jerárquica, y sus acuerdos no tienen carácter normativo vinculante por sí mismos.

Funciones principales. El Consejo actúa como marco de deliberación y coordinación en ámbitos como la elaboración de los presupuestos autonómicos, el endeudamiento público, la distribución de fondos de compensación interterritorial y el seguimiento de la estabilidad presupuestaria. También emite informes y recomendaciones sobre materias financieras que afectan al conjunto de las Comunidades Autónomas, siempre dentro del marco legal establecido por la LOFCA y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Composición y funcionamiento. El Consejo está integrado por representantes del Gobierno del Estado y de las consejerías autonómicas competentes en materia de Hacienda. Su funcionamiento se rige por un reglamento específico que regula aspectos como el quórum, el sistema de votación y la periodicidad de las reuniones. La Secretaría del Consejo, adscrita al Ministerio de Hacienda, se encarga de la gestión administrativa y la preparación de los asuntos a tratar.

Relación con la estabilidad presupuestaria. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera atribuye al Consejo un papel relevante en el seguimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública de las Comunidades Autónomas. Cuando una comunidad incumple estos objetivos, el Consejo interviene en la aprobación de planes económico-financieros de corrección, que son instrumentos de disciplina presupuestaria, no sanciones tributarias. Estos planes buscan restablecer el equilibrio financiero sin menoscabar la autonomía de gestión autonómica.

Límites y alcance. El Consejo no asume competencias ejecutivas ni legislativas propias del Estado o las Comunidades Autónomas. Sus acuerdos no modifican por sí solos la normativa de financiación autonómica ni alteran las competencias constitucionales. Su valor radica en ser un foro de diálogo y coordinación que facilita la adopción de decisiones consensuadas, evitando conflictos competenciales y promoviendo la coherencia del sistema financiero público.

Impacto en el Servicio Andaluz de Salud. Aunque el SAS no forma parte directa del Consejo, su actividad se ve afectada de manera indirecta a través del presupuesto de la Junta de Andalucía. Las decisiones adoptadas en el Consejo sobre financiación autonómica, endeudamiento o estabilidad presupuestaria influyen en los recursos disponibles para políticas sanitarias, lo que subraya la importancia de este órgano para la planificación financiera del sistema público de salud.

🧩 Elementos esenciales

• Autonomía financiera: Reconocida en la Constitución, permite a las Comunidades Autónomas gestionar sus recursos dentro de un marco coordinado con el Estado.
• LOFCA: Ley Orgánica 8/1980 que regula la financiación autonómica y crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
• Cooperación multilateral: Naturaleza del Consejo como órgano de encuentro entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
• Estabilidad presupuestaria: Principio clave que guía las funciones del Consejo en el seguimiento de objetivos financieros.
• Planes económico-financieros: Instrumentos de corrección para comunidades que incumplen los objetivos de estabilidad, sin carácter sancionador.
• Fondo de Compensación Interterritorial: Mecanismo de solidaridad financiera entre territorios, distinto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos.
• Composición: Integración por representantes del Estado y de las consejerías autonómicas de Hacienda.
• Acuerdos no vinculantes: Los acuerdos del Consejo requieren desarrollo normativo o ejecutivo posterior para ser efectivos.
• Lealtad institucional: Principio que rige las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia financiera.
• Secretaría del Consejo: Órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona su funcionamiento.
• Deuda pública vs. deuda comercial: Diferenciación clave en el análisis financiero que realiza el Consejo.
• Impacto indirecto en el SAS: Las decisiones del Consejo afectan al presupuesto autonómico y, por tanto, a los recursos sanitarios.

🧠 Recuerda

• El Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un órgano legislativo ni ejecutivo, sino de cooperación.
• Su creación se basa en el artículo 3 de la LOFCA, no en la Constitución directamente.
• La coordinación financiera no implica subordinación jerárquica de las Comunidades Autónomas al Estado.
• Los planes económico-financieros son herramientas de corrección, no sanciones.
• El Consejo no aprueba los presupuestos autonómicos, pero sí coordina su elaboración.
• La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son conceptos relacionados pero distintos.
• El Fondo de Garantía de Servicios Públicos y el Fondo de Compensación Interterritorial tienen finalidades diferentes.
• La composición del Consejo incluye a representantes del Estado y de las consejerías autonómicas de Hacienda.
• Los acuerdos del Consejo requieren desarrollo posterior para ser efectivos.
• El SAS no forma parte del Consejo, pero su financiación depende de las decisiones adoptadas en este órgano.